Para retomar la iniciativa, podríamos comenzar con el direccionamiento del crédito bancario. Lo que necesita el Ministerio de Economía y el BCRA es recalibrar la Ley de Entidades Financieras, para que la banca se parezca más a las entidades del resto del mundo desarrollado. Precisamos una Ley que garantice el incremento de los préstamos a los individuos, emprendedores tecnológicos y de otro tipo, como así también a las PYMES, para estimular la demanda domestica, el crecimiento y eldesarrollo. El sistema bancario argentino no compite ni vagamente con el de los países desarrollados que otorgan préstamos a tasas bajas, financian capital de trabajo, estimulan la inversión productiva y las exportaciones de manufactura.
La
calamidad que nos aplasta hace 45 años (RF.6/1977) no se resuelve con
burocracia privada y mejoras incrementales. Aun el régimen financiero oficinesco
es ineficiente. Es necesaria una reingeniería fundamental de todo el sistema
financiero, incluyendo la declaración oficial como “servicio público parcial con
actividad esencial”. Los bancos tienen que hacer alguna cosa gratis. No es
posible que cada persona bancarizada pague $60.000 anuales solo para tener
tarjeta y una cuenta corriente. Eso genera “anti bancarización, y por lo tanto,
altos niveles de actividad en negro”. Los bancos deben cumplir mínimamente una
función con compromiso con el bienestar general. No puede ser que en el partido
de Lomas de Zamora para llegar a un cajero automático haya que transitar 20
cuadras y estén cerrando sucursales. No hay suficiente personal en las
sucursales ni bastantes cajeros automáticos en todo el país.
Alberto Fernandez arrancó con un programa sencillo y propósitos moderados
para atender a los damnificados del efecto “tierra arrasada”, detrás sobrevino el
temporal coronavirus que amplió las necesidades iniciales de forma amplificada.
La creación de “espacio fiscal” obtenida para estimular la demanda quedará completamente desactualizada en un par de
años. Es necesario crear un fondo financiero para el
desarrollo y, otorgar a las PYMES y las empresas de la economía popular
créditos no reembolsables por alrededor de 2% del PBI.
El BCRA debe impulsar
una política monetaria mucho más expansiva. En la Argentina no hay crédito y el
que se ofrece es caro. Es necesario procurar también el descenso de las tasas
de interés, suministrando liquidez e impulsando el crédito al sector privado; como lo
hizo y continúa haciendo EE.UU. y Europa por 14 años (desde 2008), aun hoy, en
medio de una inflación altísima.
En este preciso momento los países desarrollados están aplicando medidas
que problematizan la mano invisible como razonamiento para alcanzar el
bienestar social máximo mientras se busca el interés propio. El sometimiento argentino desde 1976 a la lógica financiera
llevó el país a la ruina. No existe ningún país que haya alcanzado un alto
grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de
recursos naturales y especulación financiera. El resultado es que después de 45
años de sometimiento a esa “sensatez”, alrededor de 37% de los argentinos clama
por comida y trabajo.
Según
las autoridades del ministerio de economía del gobierno cívico militar de
Videla y Martínez de Hoz, la reforma de 1977 había sido impulsada con la
finalidad de modernizar el sistema financiero argentino y mejorar el
funcionamiento del BCRA. Todo esto para apegarse a la creación de ahorro, uno
de los principales problemas de la economía argentina. A través de este
progreso, los bancos otorgarían abundantes préstamos para el desarrollo, pudiendo
estimular la competencia entre bancos, para que los costos procedieran a la
baja y los usuarios pudieran apalancar sus actividades productivas. Así proliferaron
entidades sin ningún tipo de control cuyos depósitos a plazo fijo eran
endosables y garantizados por el BCRA. Falsificaciones a granel, en tres años solo
el BIR (Banco de Intercambio Regional le costó al país, 3.000 millones de
dólares de 1980). Se desbordaron los límites del disparate.
La realidad
es que las distorsiones que ha dado lugar aquella Ley (21.595) contribuyó a la
destrucción tendenciosa de la industria nacional, mediante una pésima
asignación de los recursos financieros, creando un creciente espíritu de
financiarización especulativa que hizo multimillonarios a unos pocos grupos
industriales argentinos y empresas extranjeras reconvertidos para dedicarse a
la “timba financiera”. Desde entonces el alto costo financiero se ha convertido
en uno de los problemas estructurales de nuestra economía. Cada eslabón de la
actividad económica se esfuerza bajando costos de todo tipo para seguir
manteniendo el gasto financiero y trasladarlo como una de las claves de la
inflación. Un préstamo promocional en 12 cuotas a un cliente excelente en un banco privado le cuesta por todo
concepto-incluyendo impuestos- 60.55% anual, están creando expectativas
inflacionarias de no menos de 55% para los próximos 12 meses. (TNA 40%), (TEA
48.21%), (CFTEA 60.55%)
El
abandono de los instrumentos elementales de regulación condujo a una serie de abusos
legalmente dañinos que atentaron contra el desarrollo de la economía argentina,
y continúan castigando la producción desde hace más de cuarenta años.
Hay
que decir que antes de la mencionada Ley, los préstamos tampoco eran abundantes
y el sistema financiero era bastante acotado. Pero las empresas podían acudir
al Banco Nacional de Desarrollo para
comprar maquinarias, al Banco Hipotecario para comprar una planta industrial. Con
la descentralización de los depósitos se echaron las bases de un sistema financiero
que incentivó el mecanismo de endeudamiento y fuga con estímulos evidentes y
facilidades extraordinarias para desangrar la economía argentina. En 45 años la
deuda pública creció 50 veces. Es decir por cada 1 dólar que debíamos debemos
50 dólares. Ni remotamente vivimos en un país 50 veces mejor, para empatar.
Claramente
nunca se estimuló la prestación de un servicio financiero de reducido costo, de
fomento, ni eficiente. Se puso en manos de bancos, financieras y mandatarias
privadas el manejo de las variables estratégicas fundamentales del sistema
capitalista para que arbitren entre su propia rentabilidad y el desarrollo de
la actividad productiva, científica y cultural del país.
La singular
contenida avaricia de los banqueros se volvió frenética al otorgársele
semejante espacio. Antes de la descentralización de los depósitos tenían que
trabajar y asumir riesgos para generar utilidades. Ahora basta con inventar un
debito automático imperceptible de 1 dólar por mes de la cuenta corriente, para
recaudar 12 dólares anuales, de 1 millón
de clientes anestesiados que viven “haciendo una vaquita” para mantener
accionistas de bancos.
Es
necesario introducir ajustes de magnitud a los abusivos spreads que todavía hoy
se están aplicando, sin contar el despojo que produjo el déficit cuasi fiscal registrado
en los últimos seis años. Las consecuencias públicamente conocidas que
derivaron en mayo de 2017 con 2.3 bases monetarias, mediante un creciente
vinculo especulativo (LEBAC, LELIQ, CREDITO DE CONSUMO) combinado con la
flexibilidad de entrada y salida de capitales del macrismo, no solo ha
dificultado las posibilidades de alcanzar niveles óptimos de crecimiento de la
actividad económica, sino que la destruyeron literalmente. Y, este Gobierno aun
sigue sin solucionarlo.
Por
las circunstancias sucintamente expuestas, en el actual contexto social y
economico resulta indispensable reintegrar al BCRA la dirección del sistema
financiero (tercerizado en los bancos privados nacionales y extranjeros hace 45
años), a fin de que vuelva a constituir la fuente natural de financiación de la
industria, el comercio, la economía popular, las PYMES y los particulares, creándose
condiciones que posibiliten un uso adecuado del ahorro argentino.
Es
necesario enviar al Congreso un proyecto de Ley por el cual se proceda a la
centralización y direccionamiento del crédito bancario por parte del BCRA. Desde
allí los bancos recibirán cupos para los fondos, en carácter de mandatarios y
no de consignatarios del ahorro argentino.
Es
inconcebible dejar impune la estafa perpetrada por un grupo empresario al Banco
de la Nación Argentina. No hablemos mas del costo del subsidio a la energía,
cuando el BNA le otorgó 300 millones de dólares a un solo grupo economico, que
nunca pensó en devolverlo. Es paradójico
que para no ir presos consiguieron 10 millones de dólares en 5 minutos. Los
directorios de los bancos oficiales deben tener una participación mayor de los
sindicatos de la economía formal y de la economía popular.
El
sistema financiero no puede ser el único sector de la economía que mantenga sus
márgenes de beneficio con pandemia, con guerra, con recesión, con default,
siempre. Por su actual actividad de intermediación entre depósitos y créditos
se le puede reconocer a los bancos una comisión o spread razonable como en el
resto de “los países serios”. El BCRA podría canalizar los créditos mediante
redescuentos y adelantos a las entidades según renovados criterios de
distribución, alineados a la actual crisis internacional, privilegiando los objetivos
de desarrollo humano y productivo. La relación bancos-clientes se podría
mantener sin variantes.
El
sistema tiene que tener como propósito maximizar el control monetario por parte
del BCRA y apegarse a una adecuada optimización de los recursos financieros
argentinos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de una economía de
guerra. Debemos retomar los instrumentos clásicos de regulación y el ejercicio
de esa función mediante la asignación directa de fondos dirigidos a las
actividades que el Gobierno nacional priorice en estas horas aciagas.
Es
evidente que la capacidad de préstamo para las empresas argentinas industriales
y comerciales, PYMES y particulares resultante del actual nivel de depósitos
trascenderá la escasez y mejorara los altísimos costos vigentes.
Bien
sea por excesivas ganancias o lo que es peor, para mantener un sistema financiero
ineficiente, cuyos márgenes necesarios para sobrevivir sean los actuales, no
podemos aplicar la función subsidiaria del Estado y someter al conjunto de la
sociedad, para sostener el estatus actual.
(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en
universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en
Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani
Entradas
