Ya no es posible que los depositantes sean argentinos y los receptores del crédito empresas extranjeras que a su vez le venden a ciudadanos argentinos y luego envían sus utilidades a sus casas matrices. Necesitamos direccionar el crédito bancario. Antes de la RF 6/77, las empresas extranjeras debían fondearse con sus casas matrices o con sus bancos extranjeros. Lo que necesita el Ministerio de Economía y el BCRA es recalibrar la Ley de Entidades Financieras.
Debe
establecerse un plan en que la banca se parezca más a las necesidades de los
argentinos. Precisamos que existan mecanismos que garanticen el incremento de los
préstamos personales, emprendedores tecnológicos, emprendedores de la economía
popular, incluyendo obviamente a las PYMES, para estimular la demanda domestica,
el crecimiento y el desarrollo. El sistema bancario argentino no es competitivo
como el de los países desarrollados donde se otorgan préstamos a tasas bajas, financia
capital de trabajo, estimulan la inversión productiva y las exportaciones de
manufactura.
La
calamidad que nos abate hace 45 años (RF.6/1977) no se resuelve con burocracia
privada y mejoras incrementales. Aun el régimen financiero oficinesco de los
bancos es ineficaz para atender al cliente. Es necesaria una reingeniería fundamental
de todo el sistema financiero, incluyendo la declaración oficial como “servicio
público parcial con actividad esencial”. Los bancos tienen que hacer alguna cosa
gratis. No es posible que cada persona bancarizada pague $60.000 anuales solo
para tener tarjeta y una cuenta corriente. Eso genera “anti bancarización, y
por lo tanto, altos niveles de actividad en negro”. Los bancos deben cumplir mínimamente
una función con compromiso con el bienestar general y el Estado.
No
puede ser que en el partido de Lomas de Zamora para llegar a un cajero
automático haya que transitar 20 cuadras y los bancos ahora mismo estén
cerrando sucursales. No hay suficiente personal en las sucursales ni bastantes
cajeros automáticos en todo el país. Para conseguir depositar en cajeros de
nuestro banco, en un barrio acondicionado de CABA, algunos tienen que recorrer
20 cuadras
Alberto Fernandez arrancó con un programa sencillo y propósitos moderados
para atender a los damnificados del efecto “tierra arrasada”, detrás sobrevino el
COVID que amplió las necesidades iniciales de forma amplificada y, ahora la
guerra en Europa. La creación de “espacio fiscal” obtenida por Martin
Guzmán para estimular la demanda quedará
completamente desactualizada en un par de meses, por una serie de shocks
exógenos. Por lo tanto es necesario crear un fondo financiero
para el desarrollo y, otorgar a las PYMES y las empresas de la economía popular
créditos no reembolsables por alrededor de 2% del PBI. No todo es subsidio
directo. Con dinero secundario bien administrado, se puede hacer mucho.
El BCRA debe impulsar
una política monetaria mucho más expansiva. En la Argentina no hay crédito y el
que se ofrece es caro. Es necesario procurar también el descenso de las tasas
de interés, suministrando liquidez e impulsando el crédito al sector privado; como lo
hizo y continúa haciendo EE.UU. y Europa por 14 años (desde 2008), aun hoy, en
medio de una inflación altísima.
En este preciso momento los países desarrollados están aplicando medidas
que problematizan la mano invisible como razonamiento para alcanzar el
bienestar social máximo mientras se busca el interés propio. El sometimiento argentino desde 1976 de la lógica financiera
llevó el país a la ruina. No existe ningún país que haya alcanzado un alto
grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de
recursos naturales y especulación financiera. El resultado es que después de 45
años de sometimiento a esa “sensatez”, alrededor de 37% de los argentinos clama
por comida y trabajo.
Según
las autoridades del ministerio de economía del gobierno cívico militar de
Videla y Martínez de Hoz, la reforma de 1977 había sido impulsada con la
finalidad de modernizar el sistema financiero argentino y mejorar el
funcionamiento del BCRA. Todo esto para apegarse a la creación de ahorro, uno
de los principales problemas constantes de la economía argentina, desde siempre.
A través de este progreso que traían los economistas de la dictadura, los
bancos otorgarían abundantes préstamos para el desarrollo, pudiendo estimular
la competencia entre bancos, para que los costos procedieran a la baja y los
usuarios pudieran apalancar sus actividades productivas. Sucedió todo lo
contrario. Así proliferaron entidades sin ningún tipo de control cuyos
depósitos a plazo fijo eran endosables y garantizados por el BCRA. Falsificaciones
a granel, en tres años solo el BIR (Banco de Intercambio Regional le costó al
país, 3.000 millones de dólares de 1980). Se desbordaron los límites del
disparate.
La realidad
es que las distorsiones que ha dado lugar aquella Ley (21.595) contribuyó a la
destrucción de la industria argentina, mediante una pésima asignación de los
recursos financieros, creando un creciente espíritu de financiarización
especulativa que hizo multimillonarios a unos pocos grupos industriales argentinos
y empresas extranjeras reconvertidos para dedicarse a la “timba financiera”. Desde
entonces el alto costo financiero se ha convertido en uno de los problemas
estructurales de nuestra economía. Cada eslabón de la actividad económica se
esfuerza bajando costos de todo tipo para seguir manteniendo el gasto
financiero y trasladarlo. Esta es una de las claves de la inflación en la
Argentina. Un préstamo promocional en 12 cuotas a un cliente excelente en un banco privado le cuesta por todo
concepto-incluyendo impuestos- 60.55% anual. Hoy están creando expectativas inflacionarias
de no menos de 60% para los próximos 12 meses. (TNA 40%), (TEA 48.21%), (CFTEA 60.55%).
El
abandono de los instrumentos elementales de regulación condujo a una serie de abusos
legalmente dañinos que atentaron contra el desarrollo de la economía argentina,
y continúan castigando la producción desde hace cuarenta y cinco años.
Hay
que decir que antes de la mencionada Ley, los préstamos tampoco eran abundantes
y el sistema financiero era bastante acotado. Pero las empresas podían acudir
al Banco Nacional de Desarrollo para
comprar maquinarias, al Banco Hipotecario para comprar una planta industrial. Con
la descentralización de los depósitos se echaron las bases de un sistema financiero
que incentivó el mecanismo de endeudamiento y fuga con estímulos evidentes y
facilidades extraordinarias para desangrar la economía argentina. En 45 años la
deuda pública creció 50 veces. Es decir por cada 1 dólar que debíamos debemos
50 dólares. Ni remotamente vivimos en un país 50 veces mejor, para empatar.
Claramente
nunca se estimuló la prestación de un servicio financiero de reducido costo, de
fomento, ni eficiente. Se puso en manos de bancos, financieras y mandatarias
privadas el manejo de las variables estratégicas fundamentales del sistema para
que arbitren entre su propia rentabilidad y el desarrollo de la actividad
productiva, científica y cultural del país.
La singular
contenida avaricia de los banqueros se volvió frenética al otorgársele
semejante espacio. Antes de la descentralización de los depósitos tenían que
trabajar y asumir riesgos para generar utilidades. Ahora basta con inventar un
debito automático imperceptible de 1 dólar por mes de la cuenta corriente, para
recaudar 12 dólares anuales, de 1 millón
de clientes anestesiados que aportaran 12 millones de dólares “haciendo una
vaquita” mensual para mantener accionistas de bancos extranjeros.
Es
necesario introducir ajustes de magnitud a los abusivos spreads que todavía hoy
se están aplicando, sin contar el despojo que produjo el déficit cuasi fiscal registrado
en los últimos seis años. Las consecuencias públicamente conocidas que
derivaron en mayo de 2017 con 2.3 bases monetarias, mediante un creciente
vinculo especulativo (LEBAC, LELIQ, CREDITO DE CONSUMO) combinado con la
flexibilidad de entrada y salida de capitales del macrismo, no solo ha
dificultado las posibilidades de alcanzar niveles óptimos de crecimiento de la
actividad económica, sino que la destruyeron literalmente. Y, este Gobierno aun
sigue sin solucionarlo.
Por
las circunstancias sucintamente expuestas, en el actual contexto social y
economico resulta indispensable reintegrar al BCRA la dirección del sistema
financiero (tercerizado en los bancos privados nacionales y extranjeros hace 45
años), a fin de que vuelva a constituir la fuente natural de financiación de la
industria, el comercio, la economía popular, las PYMES y los particulares, creándose
condiciones que posibiliten un uso adecuado del ahorro argentino.
Es ineludible
proceder a la centralización y direccionamiento del crédito bancario por parte
del BCRA. Desde allí los bancos recibirán cupos para los fondos, en carácter de
mandatarios y no de consignatarios del ahorro argentino.
Es
inconcebible lo funcional que es el sistema para perpetrar una estafa por un
grupo empresario al Banco de la Nación Argentina. No hablemos más del costo del
subsidio a la energía, cuando el BNA le otorgó 300 millones de dólares a un
solo grupo economico, que nunca pensó en devolverlo. Es paradójico que para no ir presos
consiguieron 10 millones de dólares en 5 minutos. Los directorios de los bancos
oficiales deben tener una participación mayor de los sindicatos de la economía
formal y de la economía popular.
El
sistema financiero no puede ser el único sector de la economía que mantenga sus
márgenes de beneficio con pandemia, con guerra, con recesión, con default,
siempre. Por su actual actividad de intermediación entre depósitos y créditos
se le puede reconocer a los bancos una comisión o spread razonable como en el
resto de “los países serios”. El BCRA podría canalizar los créditos mediante
redescuentos y adelantos a las entidades según renovados criterios de
distribución, alineados a la actual crisis internacional, privilegiando los objetivos
de desarrollo humano y productivo. La relación bancos-clientes se podría
mantener sin variantes.
El
sistema tiene que tener como propósito maximizar el control monetario por parte
del BCRA y apegarse a una adecuada optimización de los recursos financieros
argentinos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de una economía de
guerra. Debemos retomar los instrumentos clásicos de regulación y el ejercicio
de esa función mediante la asignación directa de fondos dirigidos a las
actividades que el Gobierno nacional priorice en estas horas aciagas.
No
se puede seguir manteniendo un sistema financiero ineficiente, no podemos
aplicar contribuciones del conjunto de la sociedad para sostener el estatus
actual. Ha llegado la hora de ponerle punto final a 45 años de fracaso.
(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en
universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en
Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani
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