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martes, 3 de noviembre de 2015

LA COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA CRISIS DE 2001 SERIE (12ma. parte)



Fue la expedición de la denominada “Ley convertibilidad” que reglamento el fenómeno político económico que le da significación al neoliberalismo local, pero ahora lo hizo en términos de legalidad frente a la ciudadanía, estableció las condiciones previas para iniciar un proceso de privatizaciones y apertura de los mercados nunca antes visto, estableciendo una estructura institucional de apoyo, reiterando una vez más la eficacia simbólica de las leyes y la dominancia ideológico-tecnocrática, en contraposición con la aguda brecha social que se iría consolidando y finalizaría con una crisis financiera e institucional[1].

Cobra así, especial relevancia el concepto “liberalizador” de las políticas públicas orientadas desde las administraciones de los presidentes Menem y De la Rua, el tratamiento forzado hacia el Congreso para converger con los postulados del Consenso de Washington y los organismos multilaterales de crédito. Las causas del desplazamiento del poder político hacia las finazas-manejadas por representantes de corporaciones privadas u organismos multilaterales de crédito (concepto de : puerta giratoria de Stiglitz, que significa que estos funcionarios de un elenco mas o menos estable, en un tiempo trabaja para las instituciones publicas y luego en otros tiempos lo hacen para las corporaciones privadas), mucho mas forzado por la globalización de los mercados en los noventa, son complejas y tienen una relación estrecha, tal y como se afirma con la concesión de los políticos de la Alianza vinculados por el sector mas conservador y cercano al establishment de la UCR, hacia las diferentes formas y metodologías de obligar mediante presiones a un país, a riesgo de caer en conflictos sociales y económicos, muchos de los cuales paradójicamente, son la consecuencia de aplicar este tipo de políticas publicas. Ser un país que no acata las recomendaciones del FMI y las “mejores prácticas del mercado”, tiene una serie de implicancias que afectan todas las esferas de garantías de derechos. En principio, el hecho de ser despojado del crédito internacional, del cual no puede prescindir totalmente ningún país políticamente organizado. De igual manera, implica la irrupción de la posesión intelectual, constituida por redes neoliberales, con una visión del mundo y de la vida muy lejanos a otros sistemas de interpretación de la realidad. 

El resultado final o la situación emergente pos default y restructuración de la deuda, termino en país en condición de “desacato[2]”, como vimos recientemente en la Argentina, una disputa con los “holdouts” (tenedores de bonos que no aceptaron la restructuración de la deuda externa), pero mas concretamente con una minoría denominada “voulture funds” (fondos buitres).

En conclusión, la Renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez produce una crisis institucional que traería aparejadas consecuencias impensables, incluido para el mismo Álvarez.

El comienzo del fin, corresponde a la renuncia del entonces Vicepresidente Carlos Álvarez, y el posterior desplazamiento acelerado de las políticas públicas en el contexto neoliberal. Dando cuenta además de la visión holística sobre el desplazamiento y aceleración del predominio neoliberal, teniendo en cuenta los lugares de donde provinieron los discursos. Así, se estructuró una gama de medidas que profundizaron la perspectiva temática, desde los centros de investigación que le dieron soporte al discurso que se manejaba desde las instituciones.



[1] Stiglitz Joseph, ‘El malestar de la globalización”, Editorial Taurus, Julio de 2002, Ciudad de Buenos Aires
[2] Orgaz, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p.120. Delito que se comete contra personas investidas de autoridad pública, cuando se las amenaza, desobedece o ataca. Siendo un hecho que, como figura delictiva, ha tenido clásica especificación algunos regímenes modernos de totalitarismo franco o encubierto, han extendido en manera desmedida y arbitraria la significación de este delito, como medio de transformarlo en un recurso político de intimidación, bajo apariencia jurídica.
Argentina, Juez Griesa declara desacato: http://eco-nomicas.com.ar/4615-se-apelo-la-figura-de-desacato-impuesta-por-griesa?upm_export=pdf

miércoles, 28 de octubre de 2015

LA COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA CRISIS DE 2001 SERIE (11ma. parte)

El FREPASO propiciando el retorno de Domingo Cavallo al ministerio de economía de la Nación. Sabemos ahora por los archivos escritos y audio visual que todo fue avalado por los grandes medios que apoyaban como si la batería de leyes, decretos y normativa de 2001 en general, se hubiera tratado de una sucesión de certezas incontestables. Parece lógico pensar que, por encima de la fantasía, la realidad debería haberse abierto paso antes, pero eso no sucedió hasta que la crisis provoco el estallido social de diciembre de 2001. Veremos que luego de la crisis de 2001 emerge un relato alternativo y, sobre todo, sabemos qué tuvo capacidad de ser coherente y de articularse políticamente. La experiencia Argentina parecería mostrar que no alcanzan las instituciones cuando se deslegitima la representatividad política. [Gervasoni: Lo que puede denominarse “crisis argentina de 2001” fue en realidad un conjunto de crisis de diferente índole que ocurrieron al mismo tiempo, y que en muchos casos se reforzaron unas a otras. Hubo crisis económica (agravamiento de la recesión), crisis financiera (huida de capitales, explosión del riego-país, corrida bancaria, default y maxidevaluación), crisis social (aumento del desempleo y la pobreza; correlativo aumento en el nivel de protesta social) y una o varias crisis políticas (la renuncia del vicepresidente y líder de uno de los dos partidos de la coalición gobernante en octubre de 2000, la renuncia de varios ministros en protesta por los anuncios de ajuste fiscal del nuevo ministro de economía López Murphy en marzo de 2001, y la caída del gobierno de la Alianza en diciembre de ese año)]… Gervasoni hace mención exhaustiva de sucesos del estado no tanto de sus costos y sus actores específicamente, pero podemos agregar que; por ejemplo en el “Megacanje” se realizo a una tasa del 15% en dólares, y los propulsores de la negociación eran-reconocidos técnicos de Fundaciones financiadas por empresas privadas, como FIEL, Fundación Mediterránea o ex gerentes de Banco Río (el equipo de colaboradores de Cavallo eran: Federico Sturzenegger, Guillermo Mondino, Daniel Marx) quienes tuvieron una activa participación, imponiendo un plan denominado “Regla de Déficit Cero”, que comprometía al país con el FMI, la banca de inversión internacional y los tenedores de bonos a una política de austeridad extrema. Antes pasaron por el gabinete) López Murphy, Artana, Solanet, de FIEL) y en la secretaria de inteligencia el presidente del Banco de Crédito Argentino, Fernando De Santibáñez. Gervasoni luego pasa directamente a la declaración formal del default, cuando de facto, ya se había producido al incumplir compromisos y extraer en forma compulsiva dinero de las AFJP, primeramente privatizadas. Dice entonces Gervasoni: [El estado se quedó sin financiamiento de los mercados voluntarios y, luego de recurrir a mercados especiales (primero una ayuda del FMI en septiembre y luego a la apropiación de una creciente proporción de los fondos de jubilación locales) que le permitieron postergar el default por unos meses, declaró la suspensión de pagos de la deuda pública a partir de fines de diciembre (durante la brevísima presidencia de Adolfo Rodríguez Saá)]. La cesión del poder político a la tecnocracia y/o las finanzas (BCRA independiente del poder político, “superministro de economía” con poderes supremos votados por el Congreso de la Nación), ha tenido una incidencia decisiva en el devenir de la crisis argentina de 2001, fundamentalmente al seguir  las recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y las “mejores practicas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo mas tarde con la sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), como se mencionaba, delegaron en funcionarios del ministerio de economía las decisiones políticas, y a su vez estos últimos, aceptaron la totalidad de las condicionalidades del FMI[1], incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de inversión, consultoras internacionales y locales.  Podríase agregar un epifenómeno donde se apoyaría la idea que los funcionarios argentinos del ministerio de economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron a recibir “plenos poderes” del Congreso-, no hicieron lo suficiente para preservar los intereses locales, ejerciendo los derechos soberanos de establecer las propias políticas publicas, que incluyeran aspectos económicos, sociales e internacionales, mas bien podría ser que sus decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas e internas de la biósfera ideológica y política internacional, que como antes se expresaba, será evocada como el “entorno neoliberal”.