A 17 años de la crisis del funcionamiento de las
instituciones democráticas en Argentina, hoy puede sostenerse que no se han
disipado las amenazas de un retorno al pasado caótico. Esta afirmación se
evidencia en las propuestas gestoras de aquellas mismas falencias de quienes
gobernaron hasta 2001-muchos technopols repetidos en este periodo- y, una oposición
que tiene el desafío de encontrar los mecanismos adecuados para encarar una
nueva fase superadora de un paradigma que exhibe claros síntomas de fatiga.
Luego de la catástrofe de 2001, la Argentina tuvo que
enfrentar un conjunto de desafíos inéditos promovidos por el incumplimiento de
sus obligaciones financieras internacionales y el estallido social interno, que
transformaron el escenario político en el que se concedían los vínculos
simbólicos. Hoy el furibundo endeudamiento de 30 meses-IS16-2S18-ha concentrado
vencimientos imposibles de afrontar desde 2020 hasta 2022 (próximo periodo presidencial).
Esto no significa que su percepción por parte de los mercados, anticipe el
escenario menos deseable.
Nunca un gobierno argentino se desgastó tanto en tan solo
12 meses de gestión (octubre 2017-octubre 2018) como el de Mauricio Macri. De esta manera, en la
Argentina se verificó una tendencia que indica que en los países que vuelven a aplicar
las políticas neoliberales, e incurren en crisis financieras, ya al borde de la
cesación de pagos, es casi inevitable la intervención del FMI. Todo esto se
debe a que la ideología hegemónica dominante se ha orientado desde los países
desarrollados hacia los países emergentes, como reflejo de la expansión
de la globalización de los mercados y la expansión del capitalismo financiero.
Dada
la creciente caída del salario y el empeoramiento de las condiciones de vida de
los últimos meses, lo asombroso no es que los ciudadanos ayer se manifestaran pidiendo
que no se apruebe el presupuesto, sino que en estos meses, hayan sufrido en
forma creciente, en silencio, atolondrados.
Aunque
el FMI tiene hoy oficinas en el BCRA, este organismo está dirigido por
representantes de los países industrializados, quienes señalan que “el mejor
gobierno es un gobierno pequeño que resigna funciones que el estado no desempeña
con éxito merced a su consabida ineficiencia y corrupción, a favor de una
supuesta-no siempre probada- mayor eficiencia y ética proveniente del sector
privado (Stiglitz). En tal sentido, quiere significarse que las políticas
públicas-en lo que hace a la política económica-necesita un equilibrio entre el
papel de los mercados y el papel del gobierno. Dicha conclusión emerge en forma
diáfana, cuando se contextualizan las circunstancias relativas a decisiones de
políticas públicas.
En el caso argentino, la presente aplicación de
las mencionadas políticas, no solo vienen afectando el funcionamiento de las
instituciones-sucesiones de ministros del área económica y presidentes del BCRA-,
sino que pueden implicar unos costos inusitados, en términos sociales en
diferentes localidades del país, como sucedió en 2001, generando una
inestabilidad de magnitud, y aun en todos los aspectos (Gervasoni).
¿Será que nuevamente la
dominancia ideológico-tecnocrática del FMI, en contraposición con la aguda
brecha social se irá consolidando y finalizará “soltándonos la mano” otra vez,
generando una crisis financiera e institucional? No lo sabemos.
En el interior
del Estado argentino, los problemas económicos y políticos acontecen a través de una burocracia disciplinada-exacerbada y con altos estándares de corrupción-eufemísticamente: conflicto de intereses-, así como un endeudamiento
creciente y extravagante que se ha tornado insustentable.
Si el desempleo irá creciendo, esto será antes de un potencial estallido
social, que viene expresándose en esta crisis que transcurre desde diciembre de
2017. La desigualdad ya es de gran magnitud, medida por indicadores de
distintas entidades. La pobreza es una consecuencia de la
desigualdad (Tilly). Es importante esta sencilla ilustración de Charles Tilly,
cuando se
vuelven a cruzar los temas de pobreza y desigualdad (Stiglitz).
Alain Touraine expresa la insuficiencia de las democracias representativas,
debilitadas en las sociedades que se han alejado de la esfera gubernamental con
gran impacto social. (…Quisimos que la democracia fuera representativa y estuvo
bien que así fuera; sin embargo, actualmente es necesario identificar los
intereses que son representables y asegurar que los dirigentes sean
efectivamente representativos, más que de los intereses particulares o de su
propio interés, del interés general que incluye el respeto y la protección de
las minorías. Hay que decir que en ese terreno las democracias han retrocedido,
porque las sociedades democráticas actuales ya no están divididas, a diferencia
de la sociedad industrial, entre una minoría de dirigentes y una mayoría de
trabajadores, sean independientes o dependientes, porque en la sociedad
postindustrial dominada por los intereses financieros y regida por las
políticas neoliberales, son cada vez mayores los sectores de la población
desprotegidos y marginados…) El capitalismo contemporáneo genera todo tipo de
desequilibrios y áreas críticas: crisis ecológicas, marginalización, desempleo,
y desigualdad en el desarrollo de diferentes sectores de la economía. La
vorágine en que se sumergió el país desde 2001 por lo menos hasta mayo de 2002:
corralito, resistencia social, estado de sitio, estallido social generalizado,
sucesión de autoridades, cesación de pagos, devaluación, depresión continuada,
inflación y sobretodo, indignación y perplejidad generalizada ( Laclau). El caos
político en que cayó el gobierno de De la Rúa se manifestó en la violencia de
los saqueos y en la presencia masiva de gente en las calles, desafiando el
estado de sitio y mostrando una desobediencia civil inédita, pero también en la
resistencia de las Fuerzas Armadas a distribuir alimentos entre los sectores
más pobres de la población (que habría sido solicitada por el Presidente) y,
fundamentalmente, en la falta de políticas para atender la emergencia, que
luego de las varias sucesiones provisionales-en el marco del sistema
presidencialista-, pudieron ser implementadas por Eduardo Duhalde, a partir de
su designación por parte del Poder Legislativo. Hoy el gobierno de María
Eugenia Vidal suplica a las iglesias católica y evangélica que la ayuden, en
circunstancias similares, donde las Fuerzas de Seguridad, están en las
fronteras y las que están en las ciudades, se ocupan del “orden interno”.
El gobierno aun
está a tiempo de evitar males mayores, la dinámica de una crisis no se puede
prever, un estallido social con consecuencias dramáticas como las de 2001 puede
evitarse cambiando el rumbo que hace 17 años llevo el país al colapso.
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