viernes, 26 de octubre de 2018

A 17 años de 2001, confluencias financieras y sociales 2018



A 17 años de la crisis del funcionamiento de las instituciones democráticas en Argentina, hoy puede sostenerse que no se han disipado las amenazas de un retorno al pasado caótico. Esta afirmación se evidencia en las propuestas gestoras de aquellas mismas falencias de quienes gobernaron hasta 2001-muchos technopols repetidos en este periodo- y, una oposición que tiene el desafío de encontrar los mecanismos adecuados para encarar una nueva fase superadora de un paradigma que exhibe claros síntomas de fatiga.
Luego de la catástrofe de 2001, la Argentina tuvo que enfrentar un conjunto de desafíos inéditos promovidos por el incumplimiento de sus obligaciones financieras internacionales y el estallido social interno, que transformaron el escenario político en el que se concedían los vínculos simbólicos. Hoy el furibundo endeudamiento de 30 meses-IS16-2S18-ha concentrado vencimientos imposibles de afrontar desde 2020 hasta 2022 (próximo periodo presidencial). Esto no significa que su percepción por parte de los mercados, anticipe el escenario menos deseable.
Nunca un gobierno argentino se desgastó tanto en tan solo 12 meses de gestión (octubre 2017-octubre 2018) como el de Mauricio Macri. De esta manera, en la Argentina se verificó una tendencia que indica que en los países que vuelven a aplicar las políticas neoliberales, e incurren en crisis financieras, ya al borde de la cesación de pagos, es casi inevitable la intervención del FMI. Todo esto se debe a que la ideología hegemónica dominante se ha orientado desde los países desarrollados hacia los países emergentes, como reflejo de la expansión de la globalización de los mercados y la expansión del capitalismo financiero.
Dada la creciente caída del salario y el empeoramiento de las condiciones de vida de los últimos meses, lo asombroso no es que los ciudadanos ayer se manifestaran pidiendo que no se apruebe el presupuesto, sino que en estos meses, hayan sufrido en forma creciente, en silencio, atolondrados.
Aunque el FMI tiene hoy oficinas en el BCRA, este organismo está dirigido por representantes de los países industrializados, quienes señalan que “el mejor gobierno es un gobierno pequeño que resigna funciones que el estado no desempeña con éxito merced a su consabida ineficiencia y corrupción, a favor de una supuesta-no siempre probada- mayor eficiencia y ética proveniente del sector privado (Stiglitz). En tal sentido, quiere significarse que las políticas públicas-en lo que hace a la política económica-necesita un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel del gobierno. Dicha conclusión emerge en forma diáfana, cuando se contextualizan las circunstancias relativas a decisiones de políticas públicas.
En el caso argentino, la presente aplicación de las mencionadas políticas, no solo vienen afectando el funcionamiento de las instituciones-sucesiones de ministros del área económica y presidentes del BCRA-, sino que pueden implicar unos costos inusitados, en términos sociales en diferentes localidades del país, como sucedió en 2001, generando una inestabilidad de magnitud, y aun en todos los aspectos (Gervasoni).
¿Será que nuevamente la dominancia ideológico-tecnocrática del FMI, en contraposición con la aguda brecha social se irá consolidando y finalizará “soltándonos la mano” otra vez, generando una crisis financiera e institucional?  No lo sabemos.
En el interior del Estado argentino, los problemas económicos y políticos acontecen a través de una burocracia disciplinada-exacerbada y con altos  estándares de corrupción-eufemísticamente: conflicto de intereses-, así como un endeudamiento creciente y extravagante que se ha tornado insustentable.
Si el desempleo irá creciendo, esto será antes de un potencial estallido social, que viene expresándose en esta crisis que transcurre desde diciembre de 2017. La desigualdad ya es de gran magnitud, medida por indicadores de distintas entidades. La pobreza es una consecuencia de la desigualdad (Tilly). Es importante esta sencilla ilustración de Charles Tilly, cuando se vuelven a cruzar los temas de pobreza y desigualdad (Stiglitz).
Alain Touraine expresa la insuficiencia de las democracias representativas, debilitadas en las sociedades que se han alejado de la esfera gubernamental con gran impacto social. (…Quisimos que la democracia fuera representativa y estuvo bien que así fuera; sin embargo, actualmente es necesario identificar los intereses que son representables y asegurar que los dirigentes sean efectivamente representativos, más que de los intereses particulares o de su propio interés, del interés general que incluye el respeto y la protección de las minorías. Hay que decir que en ese terreno las democracias han retrocedido, porque las sociedades democráticas actuales ya no están divididas, a diferencia de la sociedad industrial, entre una minoría de dirigentes y una mayoría de trabajadores, sean independientes o dependientes, porque en la sociedad postindustrial dominada por los intereses financieros y regida por las políticas neoliberales, son cada vez mayores los sectores de la población desprotegidos y marginados…) El capitalismo contemporáneo genera todo tipo de desequilibrios y áreas críticas: crisis ecológicas, marginalización, desempleo, y desigualdad en el desarrollo de diferentes sectores de la economía. La vorágine en que se sumergió el país desde 2001 por lo menos hasta mayo de 2002: corralito, resistencia social, estado de sitio, estallido social generalizado, sucesión de autoridades, cesación de pagos, devaluación, depresión continuada, inflación y sobretodo, indignación y perplejidad generalizada ( Laclau). El caos político en que cayó el gobierno de De la Rúa se manifestó en la violencia de los saqueos y en la presencia masiva de gente en las calles, desafiando el estado de sitio y mostrando una desobediencia civil inédita, pero también en la resistencia de las Fuerzas Armadas a distribuir alimentos entre los sectores más pobres de la población (que habría sido solicitada por el Presidente) y, fundamentalmente, en la falta de políticas para atender la emergencia, que luego de las varias sucesiones provisionales-en el marco del sistema presidencialista-, pudieron ser implementadas por Eduardo Duhalde, a partir de su designación por parte del Poder Legislativo. Hoy el gobierno de María Eugenia Vidal suplica a las iglesias católica y evangélica que la ayuden, en circunstancias similares, donde las Fuerzas de Seguridad, están en las fronteras y las que están en las ciudades, se ocupan del “orden interno”.
El gobierno aun está a tiempo de evitar males mayores, la dinámica de una crisis no se puede prever, un estallido social con consecuencias dramáticas como las de 2001 puede evitarse cambiando el rumbo que hace 17 años llevo el país al colapso.