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viernes, 18 de septiembre de 2015

LA COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA CRISIS DE 2001 SERIE (9na parte)

La cesión del poder político a la tecnocracia y/o las finanzas (BCRA independiente del poder político, “superministro de economía” con poderes supremos votados por el Congreso de la Nación), ha tenido una incidencia decisiva en el devenir de la crisis argentina de 2001, fundamentalmente al seguir  las recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y las “mejores practicas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo mas tarde con la sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), como se mencionaba, delegaron en funcionarios del ministerio de economía las decisiones políticas, y a su vez estos últimos, aceptaron la totalidad de las condicionalidades del FMI[1], incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de inversión, consultoras internacionales y locales.  Podríase agregar un epifenómeno donde se apoyaría la idea que los funcionarios argentinos del ministerio de economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron a recibir “plenos poderes” del Congreso-, no hicieron lo suficiente para preservar los intereses locales, ejerciendo los derechos soberanos de establecer las propias políticas publicas, que incluyeran aspectos económicos, sociales e internacionales, mas bien podría ser que sus decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas e internas de la biósfera ideológica y política internacional, que como antes se expresaba, será evocada como el “entorno neoliberal”.
Fue la expedición de la denominada “Ley convertibilidad” que reglamento el fenómeno político económico que le da significación al neoliberalismo local, pero ahora lo hizo en términos de legalidad frente a la ciudadanía, estableció las condiciones previas para iniciar un proceso de privatizaciones y apertura de los mercados nunca antes visto, estableciendo una estructura institucional de apoyo, reiterando una vez más la eficacia simbólica de las leyes y la dominancia ideológico-tecnocrática, en contraposición con la aguda brecha social que se iría consolidando y finalizaría con una crisis financiera e institucional[2].
Cobra así, especial relevancia el concepto “liberalizador” de las políticas públicas orientadas desde las administraciones de los presidentes Menem y De la Rua, el tratamiento forzado hacia el Congreso para converger con los postulados del Consenso de Washington y los organismos multilaterales de crédito. Las causas del desplazamiento del poder político hacia las finazas-manejadas por representantes de corporaciones privadas u organismos multilaterales de crédito (concepto de : puerta giratoria de Stiglitz, que significa que estos funcionarios de un elenco mas o menos estable, en un tiempo trabaja para las instituciones publicas y luego en otros tiempos lo hacen para las corporaciones privadas), mucho mas forzado por la globalización de los mercados en los noventa, son complejas y tienen una relación estrecha, tal y como se afirma con la concesión de los políticos de la Alianza vinculados por el sector mas conservador y cercano al establishment de la UCR, hacia las diferentes formas y metodologías de obligar mediante presiones a un país, a riesgo de caer en conflictos sociales y económicos, muchos de los cuales paradójicamente, son la consecuencia de aplicar este tipo de políticas publicas.



[2] Stiglitz Joseph, ‘El malestar de la globalización”, Editorial Taurus, Julio de 2002, Ciudad de Buenos Aires

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