Llegaron los primeros 300 litros del componente activo para fabricar la Sputnik V y, mientras avanza el acuerdo con el FMI, la industria superó en 4.1% los niveles de actividad pre pandemia, el BCRA sigue comprando dólares (proyectando 6 mil millones de dólares en menos de 6 meses), cae el riesgo país debajo de los 1500 basis points, suben los bonos argentinos en dólares y los progresos incrementales. Ya en 2020 dos tercios de las necesidades de dólares se cubrieron con reservas, alrededor de u$s 6.300 millones, el excedente de demanda de dólares del sector privado se financió con ventas de reservas del BCRA, -alrededor de u$s4.200 millones-y, asimismo no se quitó el ojo del cumplimiento de los pagos de la deuda pública.
Los pagos al FMI de septiembre y diciembre están
siendo tratados en forma circunspecta y laboriosa por Martin Guzmán. Postergando
los pagos de capital con el Club de
Paris y el FMI más otros desembolsos de organismos para refinanciar la
totalidad de los vencimientos, las
reservas seguirán creciendo. A todo esto hay que sumarle más de u$s 4.300
millones de Derechos Especiales de Giro.
El mercado de cambios oficial está más despejado por
el aumento de la oferta de divisas, con
lo cual el BCRA compra el superávit
comercial cambiario. Con eso alcanza para pagar los vencimientos de deuda en dólares
del Tesoro, para financiar obligaciones
del sector privado y comprar títulos con reservas internacionales.
El
equipo económico está enfocado en la coyuntura-como corresponde en un escenario
VICA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad)-. El equipo de
Guzmán actúa con gran profesionalismo y
academicismo, tomando en cuenta los
límites que imponen las restricciones fiscales y monetarias. Esta
hetero-ortodoxia viene siendo extremadamente más prudente que la ortodoxia
extrema que le antecedía. Pero ahora llega el tiempo de volver a cambiar. El
Gobierno aplicara controles y
regulaciones por la suba de los precios internacionales y locales. Es
que la Argentina tiene un enfoque que obedece a los nuevos equilibrios, hasta
el momento viene aplicando hetero-ortodoxia para corregir y estabilizar la macroeconomía.
Pero claramente ha desistido de los planes de estabilización del antiguo FMI de
Christine Lagarde, con el objeto de discontinuar el fracaso económico y la estanflación en que quedó sumida
la Argentina en 2019. El largo plazo post pandemia es una quimera en
todo el mundo. Probablemente con un equipo economico como el actual, el PBI
potencial de la Argentina crecerá y saldrá de los problembocaas de oferta que
incentivaron la desinversión productiva y están impulsando la inflación.
Los
problemas estructurales ya no se resuelven con más Consenso de Washington, en
ninguna parte del mundo. Hay que repasar la visión del Presidente Joseph
Biden, líder de la primera potencia del mundo libre. Ciertos exponentes del
pensamiento único, deben hacer un esfuerzo intelectual y dejar atrás sus posiciones
dogmaticas que no fueron confirmadas con evidencias empíricas como lo requería
Milton Friedman: “si los supuestos no se verifican no hay validación teórica”.
Los
programas de estudio no han contemplado el entendimiento del marco teórico
keynesiano para salir de una crisis. No se trata de “Boca River o Libertad y Comunismo”,
esas escenificaciones de café, carecen de rigor académico. Lord John Maynard
Keynes ha sido el exponente más lúcido de la macroeconomía moderna, su enfoque
teórico salvó al capitalismo cuando Europa marchaba al socialismo. Ya se había
roto el primer eslabón según el marxismo (URSS), Inglaterra, Alemania, Francia
e Italia lo podían seguir, porque la izquierda y el anarquismo crecían en forma
vertiginosa. Alguien dijo, solo era cuestión de tiempo. Hoy Latinoamérica está
en llamas volviendo al progresismo estadounidense más por necesidad que por
virtud. Pero es el rumbo.
El
Consejo de Asesores Económicos de Joseph Biden exterminó las políticas
ortodoxas, reivindicó la inversión pública y el rol del Estado como
instrumentos fundamentales para promover el crecimiento económico, el empleo y una
distribución del ingreso y la riqueza más justa. Creado en la posguerra-durante
la presidencia de Harry Truman, el Consejo Económico tiene la misión de
asesorar al Presidente en forma racional en la formulación de la política
económica, nacional e internacional. Según la definición oficial, el Consejo
basa sus recomendaciones y análisis sobre la investigación económica y la
evidencia empírica, utilizando los mejores datos disponibles para apoyar al
Presidente en la fijación de la política económica del país. Pero no solo es
EE.UU. Las principales economías del
mundo llegaron a un acuerdo para implantar un impuesto mínimo global a las
empresas multinacionales. Los ministros de Finanzas del grupo G7,
acordaron luchar contra
la evasión fiscal a través de medidas para que las
empresas paguen en los países donde hacen negocios. También acordaron una tasa
impositiva corporativa mínima global que será, en principio, del 15%. El acuerdo alcanzado por
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón ejercerá
presión sobre otros países para que sigan su ejemplo.
Después
de la peor recesión global en décadas, ha quedado descubierta la inequidad fiscal y la desigualdad. Las diferencias
del proceso de arribo de vacunas donde 11 países recibieron el 90% de los
envíos no merecen mayores comentarios. Por otra parte la capacidad de sostener
estímulos y apoyar la recuperación de las economías es diferente en grado sumo
entre desarrollados y emergentes.
Necesitamos contextualizar.
El riesgo de profundización de la conflictividad
social que venimos observando en Chile, Colombia y Perú, puede desbordar
la ya ardiente zona Andina. La pandemia
mundial está demostrando que el marco teórico político y economico hegemónico del mundo no está pudiendo resolver las demandas de la sociedad global.
En la Argentina donde el número de contagios ascendió y los fallecimientos por Covid-19 superaron todas
las marcas anteriores, no es posible
ignorar los problemas sociales. Tenemos
una historia. América Latina toda parece vivir más intensamente la crisis
global, que coincide con su estancamiento económico y sus decepcionantes indicadores
sociales. Las crisis en Chile, Colombia y Perú se dan en países con éxito en
términos de tasas de inflación y crecimiento. La protesta que ha enfrentado
Chile durante 18 meses fue moderada por el timing de la pandemia. Un conejo de
la galera que le cayó al Gobierno de Piñera que estaba tambaleando. El problema
economico-social devino político en Chile, la derecha fracasó en obtener un
tercio de los constituyentes para poder vetar reformas constitucionales y la
primera vuelta de la elección presidencial es más que aleatoria. La propensión
a la izquierda crece. Al cierre de esta edición Pedro Castillo, maestro
socialista llevaba la delantera. Colombia sufre las protestas violentas más
importantes de las últimas décadas (la
guerrilla lleva más de 70 años, los paramilitares y los carteles del
narcotráfico casi el mismo tiempo). Por más que sean citados por argentinos, nadie
que defiende esas economías quiere vivir como se vive en esos países.
En
la Argentina el Senado aprobó el proyecto para destinar al gasto social el dinero de los derechos especiales de giro del
FMI. La “proclama” del 25 de mayo
firmada por alrededor de 2.000
dirigentes políticos y sociales, académicos, profesionales; tiene un claro
mensaje: en medio de la pandemia: “los recursos son escasos y deben destinarse
al gasto social”. Los indicadores sociales muestran un fuerte deterioro en 2020,
profundizando la caída anterior 2015-2019 donde el PBI per cápita cayó 11% (Sturzenegger).
Los datos del INDEC para el último cuatrimestre de 2020 arrojan una pobreza infantil que alcanza al 62,9%.
La historia nos muestra la inviabilidad de encarar un
ajuste
Los fenómenos que
vienen sucediendo en Chile, Colombia y Perú, no son episodios aislados ni
desconocidos. La Argentina en 1998, asumió el papel de “mejor alumno del FMI”,
no resguardando sus intereses nacionales, y adaptando sus políticas a los
nuevos requerimientos del Consenso de Washington, una década antes de ingresar
en el mayor default de la historia mundial, en diciembre de 2001.
Los estallidos
sociales con violencia tampoco son un hecho nuevo en América Latina. Nombres
como el “Bogotazo” o el “Caracazo”, la revuelta popular
que estalló en Caracas de 1989, momento en el que la protesta se convirtió en
uno de los aspectos más característicos de la vida cotidiana en la capital de
Venezuela son recordados como sucesos de fuerte conflicto político y social.
En la historia
argentina son varios los episodios de conflictos y violencia social que han
marcado hitos: la “Semana Trágica” primero. Medio siglo después, la expansión
del movimiento político juvenil de la década del sesenta, el comienzo de la
lucha armada, que se prolongo durante la década del setenta. La represión dura
de 1969 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, el “Cordobazo”, un
hito y en alguna medida el inicio de la década más violenta de la Argentina.
Luego el régimen instaurado en 1976 cuando que apunto a la desmovilización
social y no hizo más que impulsarla de cara al futuro.
Retomando la
línea de los estallidos, en 1989, ocurren los saqueos generados por la
hiperinflación en Diciembre de 2001, pasada más de una década, afectaron
nuevamente a la sociedad argentina.
Malo para la clase media
En 2001 la
limitación del uso del efectivo, acentuaba la impotencia de las clases medias
que ambicionaban comprar dólares para cubrirse de las contingencias futuras, y
agravaba la insuficiencia alimentaria de los marginados, fue así que se ponía
en marcha el cacerolazo. Entre el 13 y el 20 de diciembre de 2001, tuvieron
lugar 461 saqueos, con un fenómeno que en magnitud supero al de 1989, pero que
comparado, el desempleo era más del doble y la violencia social y la
delincuencia se habían incrementado considerablemente, con lo cual la situación
se fue haciendo más delicada. El ex Presidente De la Rúa decretó el estado de
sitio.
Las
condiciones socio-económicas fueron la causa principal del fenómeno de los
movimientos sociales, que junto a la oposición oficialista, aceleró el proceso
de deterioro del gobierno del ex presidente De la Rúa. Cuando la crisis se
espiralizó; Domingo Cavallo diseñaba
y anunciaba el famoso “corralito” bancario,
y tras dos semanas de “corralito”,
con el efectivo retenido, comenzaron los
saqueos y la desesperación. Estalló la violencia, que termino con 39 muertos; Fernando De la Rúa renunció
y se fue en el ya célebre helicóptero presidencial.
Con las evidencias históricas y el actual momento
regional y local descripto, proponer la contracción del gasto para pagar deuda,
en lugar de expandirlo y reestructurar pasivos a largo plazo, violaría cualquier manual de crisis y, en medio de la
pandemia sería verdaderamente un disparate que este Gobierno no parece procurar.
(*)
Profesor de Posgrado UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica
Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani
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