Expectativas económicas de argentinos, en pico histórico
Así lo señaló el informe elaborado por la Escuela de Negocios de Universidad Católica Argentina y la consultora TN Gallup.
http://www.26noticias.com.ar/expectativas-economicas-de-argentinos-en-pico-historico-131080.html
“Las expectativas son las que van a generar el consumo y la inversión. Es una buena noticia”, dijo el economista en jefe de la Fundación Esperanza, Pablo Tigani.
En declaraciones telefonicas a “El Locutorio” que Eduardo Serenellini conduce por radio Latina, agregó que tenemos dos maneras de mirar una economía. Una por sus "fundamentals", y allí todos los indicadores dan bien. La otra tiene que ver con el funcionamiento del modelo, y esto también funciona bien. El pacto social alejaría todas dudas de aquellos que sentencian que "está todo bien pero en cualquier momento podemos estar mal..."
miércoles, 27 de abril de 2011
martes, 19 de abril de 2011
EFE-TIGANI-NOVEGIL-TECHINT
Natalia Kidd, 19 abril de 2010 (EFE)
El intento del Gobierno argentino de tener mayor participación en el directorio de Siderar, la mayor siderúrgica del país, ha tensado aún más la ya compleja relación con el grupo Techint en una pugna que ha escalado hoy al terreno judicial.
Siderar acudió hoy a los estrados judiciales para interponer un recurso contra una decisión de la Comisión de Valores, el regulador de los mercados en Argentina, por la que impugnó una asamblea de accionistas de la compañía en la que se votó en contra de la designación de directores en representación del Estado.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente estatal que administra el sistema de jubilaciones y que participa como accionista en 42 empresas, anunció que hará una presentación judicial por las supuestas irregularidades en la asamblea celebrada en Siderar el viernes último.
La Anses se hizo de participaciones minoritarias en diversas compañías en noviembre de 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández nacionalizó los millonarios fondos de jubilación administrados por firmas privadas e invertidos en diversos activos financieros, como acciones de empresas.
Aunque entonces prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas, meses más tarde la Anses se presentó ante varias de estas empresas para hacer valer su derecho a voto en las asambleas societarias y, en algunos casos, reclamar sillas en los directorios.
Sin embargo, aunque las participaciones llegan en algunos casos al 30%, una ley del Parlamento había limitado hasta un 5% el nivel de representación de la Anses en los directorios de la empresa.
Pero el miércoles pasado, en forma sorpresiva, la presidenta Fernández abolió ese tope por un decreto de necesidad y urgencia que ahora el grupo Techint, que controla Siderar, cuestiona por su supuesta "inconstitucionalidad".
"En nuestro criterio, el decreto no tiene justificación. La Constitución sólo justifica que el Ejecutivo legisle en casos muy excepcionales: lo mínimo que pedimos es un debate parlamentario para poder expresar nuestras ideas", dijo hoy el presidente de Siderar, Daniel Novegil.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), la relación entre el Ejecutivo y el poderoso grupo Techint, que comanda la familia Rocca, fue buena, pero el lazo comenzó a resentirse cuando en 2008, ya con Cristina Fernández en la Casa Rosada, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, ordenó la nacionalización de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), controlada por Techint.
Si bien el Gobierno argentino intercedió ante el venezolano para pactar una millonaria compensación para Techint por la nacionalización, el conglomerado pretendía que "la intercesión de Fernández influyera de tal modo en Venezuela que evitara la nacionalización", dijo a Efe el economista Pablo Tigani.
"Techint está sensibilizado por la situación en Venezuela y está proyectando lo que le pasó allí a la Argentina. Y claramente el Gobierno argentino no es el Gobierno venezolano, no es un gobierno socialista", aseguró el experto, de la Fundación Esperanza.
En mayo de 2009, cuando Techint cobró 400 de los 1.970 millones de dólares de indemnización pactados por la nacionalización de Sidor y los depositó en un banco de Alemania, Cristina Fernández se quejó públicamente por ello, la primera señal de que la relación comenzaba a resquebrajarse.
"Al Gobierno no le gustó eso y está claro que a este Gobierno, cuando no le gusta algo, no se queda de brazos cruzados", sostuvo Tigani.A ello siguió una política de límites a los precios de los productos siderúrgicos que afectó a Techint y la negativa inicial en 2009 del grupo siderúrgico a incorporar un director de la Anses en Siderar, en la que el ente estatal tiene una participación del 26%.
La renovada puja con Techint podría repetirse en otras empresas participadas por la Anses, que ya comunicó oficialmente su intención de hacer valer sus derechos como accionista en los directorios del Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, la inmobiliaria Consultatio y Pampa Energía.
Ya la semana pasada la Anses fracasó en su intento de nombrar representantes en el directorio de la fabricante de alimentos Molinos, controlada por el grupo Perez Companc y en la que el ente estatal tiene una participación del 19,9%. EFE nk/tg
viernes, 15 de abril de 2011
La economia a seis meses de las elecciones
Argentina ingresa a la recta de los dos últimos trimestres previos a las elecciones presidenciales, exhibiendo un oficialismo que impulsa a Cristina Kirchner como candidata, con chances de ganar en Octubre, en primera vuelta. “Cristina” encabeza todas las encuestas, con una economía en auge y bajo desempleo; es en este contexto, y precisamente porque lidera la intención de voto, que tiene sentido mantener el rumbo de las políticas públicas, ejerciendo consistencia entre las convicciones políticas y un eventual triunfo electoral.
Desde los sectores de siempre, se solicita que la Argentina ponga en marcha un plan de estabilización que vaya a contramano del resto del mundo, un mundo que viene aplicando políticas expansivas, aun frente el aumento de las tensiones inflacionarias.
Obviamente no habrá planes de estabilización del tipo FMI, porque ello no está ni remotamente en la mente y el espíritu de la conducción política. Además, la inflación muestra síntomas de haberse estabilizado hace 14 meses en torno al 20% anual, según las consultoras privadas.
El oficialismo entiende que una inflación de 20% estable no es buena, pero tampoco ve que afecte el crecimiento, el consumo, la inversión o el nivel de empleo.
Cristina sabe que es conveniente que la inflación no se acelere, pero no ha de subir la tasa de interés ni recortara el gasto público, por ninguna razón. Para tratar de evitar una aceleración inflacionaria, el gobierno mantiene tarifas y tipo de cambio estables, mientras que defiende los precios mediante controles, y modera la expansión del gasto agregado, después de haber acentuado la expansión desde la crisis mundial de 2009.
Comenzando una medición en el segundo trimestre de 2009, cuando la economía tocó piso post crisis internacional, el PBI lleva 21 meses consecutivos de fuerte crecimiento, a un ritmo anualizado del orden de 9.2% promedio por trimestre. Acumula así un crecimiento de nada menos que 19% en 21 meses, con lo cual el PBI ya se ubica 12% por encima del pico previo a la crisis mundial, alcanzado en el tercer trimestre de 2008. El consumo privado creció a un ritmo anualizado récord de nada menos que 20% en el ultimo trimestre de 2010; es relativamente bajo el nivel de desempleo (desocupación urbana = 7.3% en el cuarto trimestre de 2010) y, si bien la inflación es elevada, la sociedad la tolera sin afectar la imagen publica del gobierno.
Es necesario entender que una tasa de inflación alta para los estándares internacionales, y el enfoque monetarista; no figura como el principal problema que aqueja a la sociedad, como lo seria la desocupación y la desaceleracion de la actividad economica. Mientras las encuestas marcan que la inflación es la cuarta preocupación de la sociedad, debemos asumir que el gobierno ha comprendido bien cuales son las prioridades de la gente. Como siempre digo, no se puede analizar y calificar una gestión de gobierno, sin asumir la base de su lógica y los intereses que defiende.
Desde los sectores de siempre, se solicita que la Argentina ponga en marcha un plan de estabilización que vaya a contramano del resto del mundo, un mundo que viene aplicando políticas expansivas, aun frente el aumento de las tensiones inflacionarias.
Obviamente no habrá planes de estabilización del tipo FMI, porque ello no está ni remotamente en la mente y el espíritu de la conducción política. Además, la inflación muestra síntomas de haberse estabilizado hace 14 meses en torno al 20% anual, según las consultoras privadas.
El oficialismo entiende que una inflación de 20% estable no es buena, pero tampoco ve que afecte el crecimiento, el consumo, la inversión o el nivel de empleo.
Cristina sabe que es conveniente que la inflación no se acelere, pero no ha de subir la tasa de interés ni recortara el gasto público, por ninguna razón. Para tratar de evitar una aceleración inflacionaria, el gobierno mantiene tarifas y tipo de cambio estables, mientras que defiende los precios mediante controles, y modera la expansión del gasto agregado, después de haber acentuado la expansión desde la crisis mundial de 2009.
Comenzando una medición en el segundo trimestre de 2009, cuando la economía tocó piso post crisis internacional, el PBI lleva 21 meses consecutivos de fuerte crecimiento, a un ritmo anualizado del orden de 9.2% promedio por trimestre. Acumula así un crecimiento de nada menos que 19% en 21 meses, con lo cual el PBI ya se ubica 12% por encima del pico previo a la crisis mundial, alcanzado en el tercer trimestre de 2008. El consumo privado creció a un ritmo anualizado récord de nada menos que 20% en el ultimo trimestre de 2010; es relativamente bajo el nivel de desempleo (desocupación urbana = 7.3% en el cuarto trimestre de 2010) y, si bien la inflación es elevada, la sociedad la tolera sin afectar la imagen publica del gobierno.
Es necesario entender que una tasa de inflación alta para los estándares internacionales, y el enfoque monetarista; no figura como el principal problema que aqueja a la sociedad, como lo seria la desocupación y la desaceleracion de la actividad economica. Mientras las encuestas marcan que la inflación es la cuarta preocupación de la sociedad, debemos asumir que el gobierno ha comprendido bien cuales son las prioridades de la gente. Como siempre digo, no se puede analizar y calificar una gestión de gobierno, sin asumir la base de su lógica y los intereses que defiende.
sábado, 2 de abril de 2011
Argentina, deuda externa (1975)
En 1975 la deuda argentina ascendía a 7.875 millones de dólares. A partir de entonces, y en forma inversamente proporcional, en la medida que la deuda iba creciendo, la economía argentina declinaba en ritmo y calidad.
Acaban de publicarse los datos concretos, y más allá de consideraciones o predicciones sofisticadas, los números lucen buenos y resultan importantes; aquel leviatán que azoto la vida de la Nación por los últimos 35 años, parece estar dominado.
Se divulgaron las estadísticas de la deuda pública de 2010, que alcanzó los 164 mil millones de dólares (u$s 1= $4). Los títulos que dejaron de estar en default tras el nuevo canje, mas las nuevas emisiones de deuda, el ajuste CER, la capitalización de intereses y otras traslaciones, blanquearon finalmente la realidad de una deuda imprecisa en alrededor de 17 mil millones de dólares. A pesar del incremento nominal, el crecimiento de la economía argentina, con estabilidad cambiaria, ha favorecido las proporciones para que descendiera el ratio Deuda/PBI de 48.8% en 2009 a 45.8% en 2010.
Estos fundamentos son apropiados y consistentes con la estrategia de desendeudamiento, y la gran diferencia se identifica analizando la composición de la deuda. Si al endeudamiento se le descuenta la fracción de títulos en manos de las administraciones-intrasector público (46,8% del total general), el peso de la deuda pública se reduce a solo 24,4% del PBI. El sector privado representa el 38,5% de la deuda pública-63.314 millones de dólares-, que representan el 17,5% del PBI. El grueso de la deuda, un 46,8%, son acreencias de agencias de Estado (que ahora perciben los intereses que otrora apreciaban los bancos y tenedores de bonos extranjeros). Por último un 10,8% son deudas bilaterales y préstamos de organismos multilaterales de crédito, y un 3,8% son deudas que presentan atrasos, elegibles para su renegociación en el marco del “Club de París”-en pleno proceso de negociación final-6.268 millones de dólares-.
Es interesante destacar la mezcla de nominación en divisas, si bien la mayor parte de la deuda (46%) está titulada en dólares (que se vienen devaluando), existe un balance, ya que (41%) está expresada en pesos. Aun computando la deuda total con el monto aún pendiente en default desde el 2001 (al improbable 100% nominal), la misma alcanzaría los 175.549 millones de dólares, lo que implicaría una reducción de 1.379 millones de dólares desde el 31 de diciembre de 2009, cuando alcanzaba los 176.927 millones de dólares.
Por último, sobresale el desahogado perfil de vencimientos de la deuda, ya que los vencimientos de capital promedio para la próxima década-2011/2020-, representan menos de 7.000 millones de dólares al año, mientras que los vencimientos de intereses promedio son de 3.800 millones de dólares anuales.
En cuanto a la coyuntura, en 2011 el sector público tendrá que afrontar pagos por 18.500 millones de dólares. El gobierno posee un “colchón” financiero generado en 2010, cercano a los 4.600 millones de dólares. Si cautelosamente sobre estimamos una asistencia financiera a las provincias, cercana a los 2.800 millones,-esto es el doble de la registrada en 2009- y, el déficit del Sector Público Nacional alcanzara 2.000 millones (-0,45% del PBI), las necesidades financieras del gobierno estarían cubiertas con el financiamiento intra sector público, dejando por primera vez sin argumentos a quienes sostienen las posibilidades un escenario de default, año a año desde 2007.
El cambio en la estrategia de financiamiento del sector publico asegura la refinanciación cuasi-automática de títulos, y la utilización de fondos del BCRA (adelantos transitorios, utilidades y reservas para el pago de deuda), a la vez que garantiza que las necesidades financieras estén cubiertas por el propio sector público, en lugar de depender de eventuales tomadores de bonos y bancos privados.
Desde el inicio de la restructuración de la deuda, los argentinos transitamos una ruta empedrada de antipatías, en cuyo avance se presentaron miles de dificultades y cientos de adversarios. Desde esa perspectiva, mirando hacia la herencia que recibe el próximo gobierno; podríamos decir que el esfuerzo de todos estos años no ha sido en vano.
Acaban de publicarse los datos concretos, y más allá de consideraciones o predicciones sofisticadas, los números lucen buenos y resultan importantes; aquel leviatán que azoto la vida de la Nación por los últimos 35 años, parece estar dominado.
Se divulgaron las estadísticas de la deuda pública de 2010, que alcanzó los 164 mil millones de dólares (u$s 1= $4). Los títulos que dejaron de estar en default tras el nuevo canje, mas las nuevas emisiones de deuda, el ajuste CER, la capitalización de intereses y otras traslaciones, blanquearon finalmente la realidad de una deuda imprecisa en alrededor de 17 mil millones de dólares. A pesar del incremento nominal, el crecimiento de la economía argentina, con estabilidad cambiaria, ha favorecido las proporciones para que descendiera el ratio Deuda/PBI de 48.8% en 2009 a 45.8% en 2010.
Estos fundamentos son apropiados y consistentes con la estrategia de desendeudamiento, y la gran diferencia se identifica analizando la composición de la deuda. Si al endeudamiento se le descuenta la fracción de títulos en manos de las administraciones-intrasector público (46,8% del total general), el peso de la deuda pública se reduce a solo 24,4% del PBI. El sector privado representa el 38,5% de la deuda pública-63.314 millones de dólares-, que representan el 17,5% del PBI. El grueso de la deuda, un 46,8%, son acreencias de agencias de Estado (que ahora perciben los intereses que otrora apreciaban los bancos y tenedores de bonos extranjeros). Por último un 10,8% son deudas bilaterales y préstamos de organismos multilaterales de crédito, y un 3,8% son deudas que presentan atrasos, elegibles para su renegociación en el marco del “Club de París”-en pleno proceso de negociación final-6.268 millones de dólares-.
Es interesante destacar la mezcla de nominación en divisas, si bien la mayor parte de la deuda (46%) está titulada en dólares (que se vienen devaluando), existe un balance, ya que (41%) está expresada en pesos. Aun computando la deuda total con el monto aún pendiente en default desde el 2001 (al improbable 100% nominal), la misma alcanzaría los 175.549 millones de dólares, lo que implicaría una reducción de 1.379 millones de dólares desde el 31 de diciembre de 2009, cuando alcanzaba los 176.927 millones de dólares.
Por último, sobresale el desahogado perfil de vencimientos de la deuda, ya que los vencimientos de capital promedio para la próxima década-2011/2020-, representan menos de 7.000 millones de dólares al año, mientras que los vencimientos de intereses promedio son de 3.800 millones de dólares anuales.
En cuanto a la coyuntura, en 2011 el sector público tendrá que afrontar pagos por 18.500 millones de dólares. El gobierno posee un “colchón” financiero generado en 2010, cercano a los 4.600 millones de dólares. Si cautelosamente sobre estimamos una asistencia financiera a las provincias, cercana a los 2.800 millones,-esto es el doble de la registrada en 2009- y, el déficit del Sector Público Nacional alcanzara 2.000 millones (-0,45% del PBI), las necesidades financieras del gobierno estarían cubiertas con el financiamiento intra sector público, dejando por primera vez sin argumentos a quienes sostienen las posibilidades un escenario de default, año a año desde 2007.
El cambio en la estrategia de financiamiento del sector publico asegura la refinanciación cuasi-automática de títulos, y la utilización de fondos del BCRA (adelantos transitorios, utilidades y reservas para el pago de deuda), a la vez que garantiza que las necesidades financieras estén cubiertas por el propio sector público, en lugar de depender de eventuales tomadores de bonos y bancos privados.
Desde el inicio de la restructuración de la deuda, los argentinos transitamos una ruta empedrada de antipatías, en cuyo avance se presentaron miles de dificultades y cientos de adversarios. Desde esa perspectiva, mirando hacia la herencia que recibe el próximo gobierno; podríamos decir que el esfuerzo de todos estos años no ha sido en vano.
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