El intento del Gobierno argentino de tener mayor participación en el directorio de Siderar, la mayor siderúrgica del país, ha tensado aún más la ya compleja relación con el grupo Techint en una pugna que ha escalado hoy al terreno judicial.
Siderar acudió hoy a los estrados judiciales para interponer un recurso contra una decisión de la Comisión de Valores, el regulador de los mercados en Argentina, por la que impugnó una asamblea de accionistas de la compañía en la que se votó en contra de la designación de directores en representación del Estado.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente estatal que administra el sistema de jubilaciones y que participa como accionista en 42 empresas, anunció que hará una presentación judicial por las supuestas irregularidades en la asamblea celebrada en Siderar el viernes último.
La Anses se hizo de participaciones minoritarias en diversas compañías en noviembre de 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández nacionalizó los millonarios fondos de jubilación administrados por firmas privadas e invertidos en diversos activos financieros, como acciones de empresas.
Aunque entonces prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas, meses más tarde la Anses se presentó ante varias de estas empresas para hacer valer su derecho a voto en las asambleas societarias y, en algunos casos, reclamar sillas en los directorios.
Sin embargo, aunque las participaciones llegan en algunos casos al 30%, una ley del Parlamento había limitado hasta un 5% el nivel de representación de la Anses en los directorios de la empresa.
Pero el miércoles pasado, en forma sorpresiva, la presidenta Fernández abolió ese tope por un decreto de necesidad y urgencia que ahora el grupo Techint, que controla Siderar, cuestiona por su supuesta "inconstitucionalidad".
"En nuestro criterio, el decreto no tiene justificación. La Constitución sólo justifica que el Ejecutivo legisle en casos muy excepcionales: lo mínimo que pedimos es un debate parlamentario para poder expresar nuestras ideas", dijo hoy el presidente de Siderar, Daniel Novegil.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), la relación entre el Ejecutivo y el poderoso grupo Techint, que comanda la familia Rocca, fue buena, pero el lazo comenzó a resentirse cuando en 2008, ya con Cristina Fernández en la Casa Rosada, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, ordenó la nacionalización de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), controlada por Techint.
Si bien el Gobierno argentino intercedió ante el venezolano para pactar una millonaria compensación para Techint por la nacionalización, el conglomerado pretendía que "la intercesión de Fernández influyera de tal modo en Venezuela que evitara la nacionalización", dijo a Efe el economista Pablo Tigani.
"Techint está sensibilizado por la situación en Venezuela y está proyectando lo que le pasó allí a la Argentina. Y claramente el Gobierno argentino no es el Gobierno venezolano, no es un gobierno socialista", aseguró el experto, de la Fundación Esperanza.
En mayo de 2009, cuando Techint cobró 400 de los 1.970 millones de dólares de indemnización pactados por la nacionalización de Sidor y los depositó en un banco de Alemania, Cristina Fernández se quejó públicamente por ello, la primera señal de que la relación comenzaba a resquebrajarse.
"Al Gobierno no le gustó eso y está claro que a este Gobierno, cuando no le gusta algo, no se queda de brazos cruzados", sostuvo Tigani.A ello siguió una política de límites a los precios de los productos siderúrgicos que afectó a Techint y la negativa inicial en 2009 del grupo siderúrgico a incorporar un director de la Anses en Siderar, en la que el ente estatal tiene una participación del 26%.
La renovada puja con Techint podría repetirse en otras empresas participadas por la Anses, que ya comunicó oficialmente su intención de hacer valer sus derechos como accionista en los directorios del Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, la inmobiliaria Consultatio y Pampa Energía.
Ya la semana pasada la Anses fracasó en su intento de nombrar representantes en el directorio de la fabricante de alimentos Molinos, controlada por el grupo Perez Companc y en la que el ente estatal tiene una participación del 19,9%. EFE nk/tg
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