jueves, 28 de abril de 2022

RETOMAR LA INICIATIVA

 


Para retomar la iniciativa, podríamos comenzar con el direccionamiento del crédito bancario. Lo que necesita el Ministerio de Economía y el BCRA es recalibrar la Ley de Entidades Financieras, para que la banca se parezca más a las entidades del resto del mundo desarrollado. Precisamos una Ley que garantice el incremento de los préstamos a los individuos, emprendedores tecnológicos y de otro tipo, como así también a las PYMES, para estimular la demanda domestica, el crecimiento y eldesarrollo. El sistema bancario argentino no compite ni vagamente con el de los países desarrollados que otorgan préstamos a tasas bajas, financian capital de trabajo, estimulan la inversión productiva y las exportaciones de manufactura.

La calamidad que nos aplasta hace 45 años (RF.6/1977) no se resuelve con burocracia privada y mejoras incrementales. Aun el régimen financiero oficinesco es ineficiente. Es necesaria una reingeniería fundamental de todo el sistema financiero, incluyendo la declaración oficial como “servicio público parcial con actividad esencial”. Los bancos tienen que hacer alguna cosa gratis. No es posible que cada persona bancarizada pague $60.000 anuales solo para tener tarjeta y una cuenta corriente. Eso genera “anti bancarización, y por lo tanto, altos niveles de actividad en negro”. Los bancos deben cumplir mínimamente una función con compromiso con el bienestar general. No puede ser que en el partido de Lomas de Zamora para llegar a un cajero automático haya que transitar 20 cuadras y estén cerrando sucursales. No hay suficiente personal en las sucursales ni bastantes cajeros automáticos en todo el país.

Alberto Fernandez arrancó con un programa sencillo y propósitos moderados para atender a los damnificados del efecto “tierra arrasada”, detrás sobrevino el temporal coronavirus que amplió las necesidades iniciales de forma amplificada. La creación de “espacio fiscal” obtenida para estimular la demanda quedará completamente desactualizada en un par de años. Es necesario crear un fondo financiero para el desarrollo y, otorgar a las PYMES y las empresas de la economía popular créditos no reembolsables por alrededor de 2% del PBI.

El BCRA debe impulsar una política monetaria mucho más expansiva. En la Argentina no hay crédito y el que se ofrece es caro. Es necesario procurar también el descenso de las tasas de interés, suministrando liquidez e  impulsando el crédito al sector privado; como lo hizo y continúa haciendo EE.UU. y Europa por 14 años (desde 2008), aun hoy, en medio de una inflación altísima.

En este preciso momento los países desarrollados están aplicando medidas que problematizan la mano invisible como razonamiento para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busca el interés propio. El sometimiento argentino desde 1976 a la lógica financiera llevó el país a la ruina. No existe ningún país que haya alcanzado un alto grado de desarrollo con una estructura económica basada en exportación de recursos naturales y especulación financiera. El resultado es que después de 45 años de sometimiento a esa “sensatez”, alrededor de 37% de los argentinos clama por comida y trabajo.

Según las autoridades del ministerio de economía del gobierno cívico militar de Videla y Martínez de Hoz, la reforma de 1977 había sido impulsada con la finalidad de modernizar el sistema financiero argentino y mejorar el funcionamiento del BCRA. Todo esto para apegarse a la creación de ahorro, uno de los principales problemas de la economía argentina. A través de este progreso, los bancos otorgarían abundantes préstamos para el desarrollo, pudiendo estimular la competencia entre bancos, para que los costos procedieran a la baja y los usuarios pudieran apalancar sus actividades productivas. Así proliferaron entidades sin ningún tipo de control cuyos depósitos a plazo fijo eran endosables y garantizados por el BCRA. Falsificaciones a granel, en tres años solo el BIR (Banco de Intercambio Regional le costó al país, 3.000 millones de dólares de 1980). Se desbordaron los límites del disparate.

La realidad es que las distorsiones que ha dado lugar aquella Ley (21.595) contribuyó a la destrucción tendenciosa de la industria nacional, mediante una pésima asignación de los recursos financieros, creando un creciente espíritu de financiarización especulativa que hizo multimillonarios a unos pocos grupos industriales argentinos y empresas extranjeras reconvertidos para dedicarse a la “timba financiera”. Desde entonces el alto costo financiero se ha convertido en uno de los problemas estructurales de nuestra economía. Cada eslabón de la actividad económica se esfuerza bajando costos de todo tipo para seguir manteniendo el gasto financiero y trasladarlo como una de las claves de la inflación. Un préstamo promocional en 12 cuotas a un cliente excelente en un banco privado le cuesta por todo concepto-incluyendo impuestos- 60.55% anual, están creando expectativas inflacionarias de no menos de 55% para los próximos 12 meses. (TNA 40%), (TEA 48.21%), (CFTEA 60.55%)

 

El abandono de los instrumentos elementales de regulación condujo a una serie de abusos legalmente dañinos que atentaron contra el desarrollo de la economía argentina, y continúan castigando la producción desde hace más de cuarenta años.

Hay que decir que antes de la mencionada Ley, los préstamos tampoco eran abundantes y el sistema financiero era bastante acotado. Pero las empresas podían acudir al  Banco Nacional de Desarrollo para comprar maquinarias, al Banco Hipotecario para comprar una planta industrial. Con la descentralización de los depósitos se echaron las bases de un sistema financiero que incentivó el mecanismo de endeudamiento y fuga con estímulos evidentes y facilidades extraordinarias para desangrar la economía argentina. En 45 años la deuda pública creció 50 veces. Es decir por cada 1 dólar que debíamos debemos 50 dólares. Ni remotamente vivimos en un país 50 veces mejor, para empatar.

Claramente nunca se estimuló la prestación de un servicio financiero de reducido costo, de fomento, ni eficiente. Se puso en manos de bancos, financieras y mandatarias privadas el manejo de las variables estratégicas fundamentales del sistema capitalista para que arbitren entre su propia rentabilidad y el desarrollo de la actividad productiva, científica y cultural del país.

La singular contenida avaricia de los banqueros se volvió frenética al otorgársele semejante espacio. Antes de la descentralización de los depósitos tenían que trabajar y asumir riesgos para generar utilidades. Ahora basta con inventar un debito automático imperceptible de 1 dólar por mes de la cuenta corriente, para recaudar 12 dólares anuales,  de 1 millón de clientes anestesiados que viven “haciendo una vaquita” para mantener accionistas de bancos.

Es necesario introducir ajustes de magnitud a los abusivos spreads que todavía hoy se están aplicando, sin contar el despojo que produjo el déficit cuasi fiscal registrado en los últimos seis años. Las consecuencias públicamente conocidas que derivaron en mayo de 2017 con 2.3 bases monetarias, mediante un creciente vinculo especulativo (LEBAC, LELIQ, CREDITO DE CONSUMO) combinado con la flexibilidad de entrada y salida de capitales del macrismo, no solo ha dificultado las posibilidades de alcanzar niveles óptimos de crecimiento de la actividad económica, sino que la destruyeron literalmente. Y, este Gobierno aun sigue sin solucionarlo.

Por las circunstancias sucintamente expuestas, en el actual contexto social y economico resulta indispensable reintegrar al BCRA la dirección del sistema financiero (tercerizado en los bancos privados nacionales y extranjeros hace 45 años), a fin de que vuelva a constituir la fuente natural de financiación de la industria, el comercio, la economía popular, las PYMES y los particulares, creándose condiciones que posibiliten un uso adecuado del ahorro argentino.

Es necesario enviar al Congreso un proyecto de Ley por el cual se proceda a la centralización y direccionamiento del crédito bancario por parte del BCRA. Desde allí los bancos recibirán cupos para los fondos, en carácter de mandatarios y no de consignatarios del ahorro argentino.

Es inconcebible dejar impune la estafa perpetrada por un grupo empresario al Banco de la Nación Argentina. No hablemos mas del costo del subsidio a la energía, cuando el BNA le otorgó 300 millones de dólares a un solo grupo economico, que nunca pensó en devolverlo.  Es paradójico que para no ir presos consiguieron 10 millones de dólares en 5 minutos. Los directorios de los bancos oficiales deben tener una participación mayor de los sindicatos de la economía formal y de la economía popular.

El sistema financiero no puede ser el único sector de la economía que mantenga sus márgenes de beneficio con pandemia, con guerra, con recesión, con default, siempre. Por su actual actividad de intermediación entre depósitos y créditos se le puede reconocer a los bancos una comisión o spread razonable como en el resto de “los países serios”. El BCRA podría canalizar los créditos mediante redescuentos y adelantos a las entidades según renovados criterios de distribución, alineados a la actual crisis internacional, privilegiando los objetivos de desarrollo humano y productivo. La relación bancos-clientes se podría mantener sin variantes.  

El sistema tiene que tener como propósito maximizar el control monetario por parte del BCRA y apegarse a una adecuada optimización de los recursos financieros argentinos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de una economía de guerra. Debemos retomar los instrumentos clásicos de regulación y el ejercicio de esa función mediante la asignación directa de fondos dirigidos a las actividades que el Gobierno nacional priorice en estas horas aciagas.

Es evidente que la capacidad de préstamo para las empresas argentinas industriales y comerciales, PYMES y particulares resultante del actual nivel de depósitos trascenderá la escasez y mejorara los altísimos costos vigentes.

Bien sea por excesivas ganancias o lo que es peor, para mantener un sistema financiero ineficiente, cuyos márgenes necesarios para sobrevivir sean los actuales, no podemos aplicar la función subsidiaria del Estado y someter al conjunto de la sociedad, para sostener el estatus actual.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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