Por Pablo Tigani*
Mientras Cavallo sigue dando
consejos y recomendando economistas, aspiramos seguir recordando, cuestiones
que no debemos olvidar. Hoy acerca de la privatización del sistema jubilatorio que
generó poca cobertura, mala seguridad social en la jubilación y valores mínimos
de pensiones en promedio. Toda la sociedad en poco tiempo, producto del
desfinanciamiento[1], pagó
ese enorme costo, el que ganó, o ciertamente se vio beneficiado fue el sector
financiero, que elevó sus ingresos en Argentina, mientras provocó una enorme
pérdida para la sociedad. A modo de mención, luego para evitar pobreza en la
vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad, fue necesario crear un sostén
público, con un componente de redistribución importante que instaló un elemento
de moderación intergeneracional que evitó relativamente la pobreza de jubilados
y pensionados. Por último es necesario destacar que el sistema de AFJP tenía altísimos costos de
transacción, y en 2001 había invertido en papeles del estado, que a la postre
embaucó a los beneficiarios con una exótica cantidad de instrumentos que
incumplió en el pago, viéndose mermados
los ahorros de los futuros jubilados por la restructuración de la deuda local
(primer tramo: realizado por Cavallo en forma compulsiva en 2001), y luego la
devaluación del peso. Esta narrativa del gasto publico extravagante que asfixiaba
la actividad privada se interiorizó como certeza en la ciudadanía y debilitó
las políticas de oposición de los tradicionales partidos progresistas. Hasta el
punto, que ya en las elecciones de 1999, estaba el acuerdo de una
continuidad-de seguir con la Convertibilidad-prometida por la Alianza, fue el
FREPASO que optó por no enfrentarse al relato neoliberal, no se sabe si porque
se compartía parcialmente con o desde la UCR o porque, estaban convencidos que
era una batalla política que no podían ganar. Es que los tecnócratas insertaron
una ficción en el ámbito político que fue decisivo en condicionar sus posiciones
políticas, a través de la conciencia fabricando consensos, hasta el punto de
manipular el Congreso para delegarle poderes extraordinarios a un ministro de
economía[2].
Ser un país que no acata las recomendaciones del
FMI y las “mejores prácticas del mercado”, tiene una serie de implicancias que
afectan todas las esferas de garantías de derechos. En principio, el hecho de
ser despojado del crédito internacional, del cual no puede prescindir
totalmente ningún país políticamente organizado. De igual manera, implica la
irrupción de la posesión intelectual, constituida por redes neoliberales, con
una visión del mundo y de la vida muy lejanos a otros sistemas de
interpretación de la realidad.
El resultado final o la situación emergente pos
default y restructuración de la deuda, termino en país en condición de
“desacato[3]”, como
vimos recientemente en la Argentina, una disputa con los “holdouts” (tenedores
de bonos que no aceptaron la restructuración de la deuda externa), pero más
concretamente con una minoría denominada “voulture funds” (fondos buitres).
En conclusión, la Renuncia del Vicepresidente
Carlos Álvarez produce una crisis institucional que traería aparejadas
consecuencias impensables, incluido para el mismo Álvarez.
El comienzo del fin, corresponde a la renuncia del
entonces Vicepresidente Carlos Álvarez, y el posterior desplazamiento acelerado
de las políticas públicas en el contexto neoliberal. Dando cuenta además de la
visión holística sobre el desplazamiento y aceleración del predominio
neoliberal, teniendo en cuenta los lugares de donde provinieron los discursos.
Así, se estructuró una gama de medidas que profundizaron la perspectiva
temática, desde los centros de investigación que le dieron soporte al discurso
que se manejaba desde las instituciones.
Desde la renuncia del Vicepresidente Carlos
Álvarez, hasta la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, la implementación
de medidas de ortodoxia fiscal y monetaria extremas, los cambios de 3 ministros
de economía y la renuncia de 5 ministros del gabinete, dan cuenta de la
magnitud y velocidad de los acontecimientos.
El Congreso otorgó facultades extraordinarias al ministro de economía, instrumentando los
principales aspectos de las normativas, leyes y las políticas públicas
relacionadas con el otorgamiento de mayores poderes al ministro de economía y
su equipo, el mismo incluyó la perspectiva del
desplazamiento del poder, ya formalmente, planteado desde la política a nivel
del Poder Legislativo, representado por el escenario acotado a las órdenes
emanadas de los organismos multilaterales de crédito. Fue en ese escenario que
la estructura local del gobierno, hizo énfasis en apurar las normativas
locales, para responder a las exigencias de las instituciones que eventualmente
otorgarían apoyo. Eso no sucedió, y requiere una revisión pendiente del juicio
de la historia, ya que el FMI rehuyó en Octubre de 2001 su obligación de
prestamista de última instancia.
Las medidas de políticas públicas, y la jaqueada
gobernabilidad, condujeron más tarde al desenlace de la crisis, que da cuenta
de la situación del desplazamiento absoluto del poder político al denominado
“entorno neoliberal”.
Aunque un trimestre antes del estallido se daba un
debate final sobre las Políticas a implementar entre los sectores ortodoxos,
dentro del enfoque de diferentes puntos de vista ortodoxo-aquellos de
orientación estrictamente monetaria, los ortodoxos en materia fiscal- y los
heterodoxos; quienes debatían acerca de la conveniencia de mantener vigentes las
Leyes 23.928 del 27 de Marzo de 1991 (de Convertibilidad) y la Ley 25.152 de
1999 (Convertibilidad Fiscal), Ley 25.466 de 2001 (de Intangibilidad de los
Depósitos), se produjo la caída, que a esa altura lucia inexorable, por la fuga
de los depósitos del sector privado, las reservas internacionales que
completaban un panorama desolador[4]. Se ha
tratado así de reconstruir e identificar los actores estatales involucrados en
la crisis de 2001, a partir de los textos seleccionados, describiendo el rol
que jugaron en la coyuntura los actores, y los líderes que luego fueron siendo
desplazados del Poder Ejecutivo, y de los funcionarios que se encargaron del
desarrollo de las políticas públicas respectivas, lo cuales permitieron
plantear la relación de la norma, las leyes, las políticas públicas y la
realidad cotidiana del fenómeno de desplazamiento del poder político a manos de
una tecnocracia economicista, subordinada a los centros de poder internacional.
A esta altura se podría derivar el surgimiento de una hipótesis que podría
plantear, en qué medida, la cesión del poder político a la tecnocracia y/o las
finanzas, ha tenido una incidencia decisiva en el devenir de la crisis
argentina de 2001 al seguir las
recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y
las “mejores prácticas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables
políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo más tarde con la
sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), delegaron en funcionarios
del ministerio de economía las decisiones políticas, y a su vez estos últimos,
aceptaron la totalidad de las condicionalidades del FMI[5],
incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de
inversión, consultoras internacionales y locales. Una hipótesis secundaria
podría inducir la profundización de la investigación, para determinar en qué
medida existió un epifenómeno donde se podría apoyar la idea que los
funcionarios argentinos del ministerio de economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron
a recibir “plenos poderes” del Congreso-, no hicieron lo suficiente para
preservar los intereses locales, ejerciendo los derechos soberanos de
establecer las propias políticas públicas, que incluyeran aspectos económicos,
sociales e internacionales, y si en ese caso no podría descartarse que sus
decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas de la biósfera
ideológica.
(*) Profesor de Posgrado UBA y
Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica
Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani
[1] Ver estadística descriptiva de
caída de ingresos del sector público, como consecuencia de la desfinanciación
previa, y el grado de vulnerabilidad en que los recursos genuinos fueron
afectados, cuando el financiamiento externo se retiraba.
[2] Carlos Gervasoni, Crisis política y crisis financiera en el Gobierno de la Alianza en la Argentina (1999-2001) Universidad Católica Argentina / Universidad Torcuato Di Tella / Universidad del CEMA. Visiting Resource Professor at LLILAS/UT-Austin. October, 2002, cuadro 5, Pag.26
[3] Orgaz, Arturo, Diccionario de Derecho y
Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p.120.
Delito que se comete contra personas investidas de autoridad pública, cuando se
las amenaza, desobedece o ataca. Siendo un hecho que, como figura delictiva, ha
tenido clásica especificación algunos regímenes modernos de totalitarismo
franco o encubierto, han extendido en manera desmedida y arbitraria la
significación de este delito, como medio de transformarlo en un recurso
político de intimidación, bajo apariencia jurídica.
Argentina,
Juez Griesa declara desacato:
http://eco-nomicas.com.ar/4615-se-apelo-la-figura-de-desacato-impuesta-por-griesa?upm_export=pdf
[4] Ver estadística descriptiva de la
situación económica financiera al final del informe
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