La cesión del poder político a la tecnocracia
y/o las finanzas (BCRA independiente del poder político, “superministro de
economía” con poderes supremos votados por el Congreso de la Nación), ha tenido
una incidencia decisiva en el devenir de la crisis argentina de 2001,
fundamentalmente al seguir las
recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y
las “mejores practicas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables
políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo mas tarde con la
sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), como se mencionaba,
delegaron en funcionarios del ministerio de economía las decisiones políticas,
y a su vez estos últimos, aceptaron la totalidad de las condicionalidades del
FMI[1],
incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de
inversión, consultoras internacionales y locales. Podríase agregar un epifenómeno donde se
apoyaría la idea que los funcionarios argentinos del ministerio de
economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron a recibir “plenos poderes” del
Congreso-, no hicieron lo suficiente para preservar los intereses locales,
ejerciendo los derechos soberanos de establecer las propias políticas publicas,
que incluyeran aspectos económicos, sociales e internacionales, mas bien podría
ser que sus decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas e
internas de la biósfera ideológica y política internacional, que como antes se
expresaba, será evocada como el “entorno neoliberal”.
Fue la
expedición de la denominada “Ley convertibilidad” que reglamento el fenómeno político
económico que le da significación al neoliberalismo local, pero ahora lo hizo en
términos de legalidad frente a la ciudadanía, estableció las condiciones
previas para iniciar un proceso de privatizaciones y apertura de los mercados
nunca antes visto, estableciendo una estructura institucional de apoyo,
reiterando una vez más la eficacia simbólica de las leyes y la dominancia
ideológico-tecnocrática, en contraposición con la aguda brecha social que se
iría consolidando y finalizaría con una crisis financiera e institucional[2].
Cobra así, especial relevancia el concepto
“liberalizador” de las políticas públicas orientadas desde las administraciones
de los presidentes Menem y De la Rua, el tratamiento forzado hacia el Congreso
para converger con los postulados del Consenso de Washington y los organismos
multilaterales de crédito. Las causas del desplazamiento del poder político
hacia las finazas-manejadas por representantes de corporaciones privadas u
organismos multilaterales de crédito (concepto de : puerta giratoria de
Stiglitz, que significa que estos funcionarios de un elenco mas o menos
estable, en un tiempo trabaja para las instituciones publicas y luego en otros
tiempos lo hacen para las corporaciones privadas), mucho mas forzado por la
globalización de los mercados en los noventa, son complejas y tienen una
relación estrecha, tal y como se afirma con la concesión de los políticos de la
Alianza vinculados por el sector mas
conservador y cercano al establishment de la UCR, hacia las diferentes formas y
metodologías de obligar mediante presiones a un país, a riesgo de caer en
conflictos sociales y económicos, muchos de los cuales paradójicamente, son la
consecuencia de aplicar este tipo de políticas publicas.
[2] Stiglitz Joseph, ‘El
malestar de la globalización”, Editorial Taurus, Julio de 2002, Ciudad de
Buenos Aires
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